La Junta de Extremadura considera la transformación digital de la Administración como una política tractora de la recuperación económica y ha solicitado que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se repartan en función de las necesidades de digitalización de las autonomías.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada este miércoles, a la que también han asistido el secretario general de Administración Digital, Ignacio García Peredo, y la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, y en la que se ha formalizado el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinado a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas del PRTR para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Para la distribución del mismo se ha tenido en cuenta únicamente el criterio poblacional, un criterio con el que Extremadura ha manifestado no estar de acuerdo, y que otorga a la región 2´6 millones de euros para 2021 de una cuantía global de 118´2 millones de euros.
En este contexto, la vicepresidenta ha resaltado que Extremadura ya cuenta con un Plan de Modernización Digital ambicioso, transformador y, sobre todo, orientado a la recuperación económica y a la mejora de los servicios que se prestan a ciudadanos y empresas. Un plan, ha añadido, acompañado de un esfuerzo normativo de simplificación de los procedimientos muy necesario para este fin.
Previamente a la celebración de la conferencia sectorial y dentro de la convocatoria gubernamental, Extremadura envió una manifestación de interés sobre los proyectos a desarrollar por la administración autonómica, cuyas líneas estratégicas se recogen en este acuerdo, como por ejemplo en materia de ciberseguridad o servicios de proximidad a la ciudadanía.
En cuanto al reparto de los fondos, la titular de Administración Pública mostró su sorpresa porque se incluya en este componente la digitalización en materia sanitaria, no prevista inicialmente, y cuyo fin no debe limitarse exclusivamente a la digitalización de los centros sanitarios. Para Blanco-Morales la digitalización de la asistencia sanitaria debe ir más allá y para ello se requiere de la colaboración entre instituciones públicas y privadas.
Finalmente, Blanco- Morales ha solicitado la elaboración de una guía que aporte claridad y permita avanzar en el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados, lo que será sinónimo de una mayor garantía de éxito para la prestación y transformación de servicios públicos más próximos a la ciudadanía.
Asimismo, Extremadura ha defendido que es imprescindible crear sinergias y trabajar en red entre el Estado y las autonomías, sin que, en ningún caso, se merme la potestad autoorganizativa de cada comunidad autónoma.
Blanco-Morales ha planteado, además, algunas dudas sobre cuestiones como los proveedores extracomunitarios, los gastos de IVA, los costes indirectos, la transformación digital de las administraciones locales –una cuestión prioritaria dentro del compromiso de mantener servicios públicos de calidad en los entornos rurales- o la ciberseguridad.
