La Junta de Extremadura considera que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica no admite frentes entre las comunidades autónomas y que debe prevalecer el sostenimiento de los servicios públicos que las autonomías prestan a sus ciudadanos, para lo cual es preciso asegurar el equilibrio entre lo que necesitan y pueden aportar los ciudadanos de las distintas regiones de España.
Así lo ha expresado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la mesa redonda “Reflexiones sobre el modelo de financiación territorial: retos en materia de suficiencia y co-gobernanza”, dentro de las jornadas Tax Global Meeting 2021, organizadas por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz.
Durante el encuentro, en el que también han participado los consejeros de Hacienda de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y Javier Fernández-Lasquetty, respectivamente, la vicepresidenta extremeña ha destacado el papel del Estado en la reforma como garante de los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Blanco-Morales ha asegurado que la función prioritaria de la reforma del futuro modelo de financiación es asegurar el Estado del Bienestar, argumento que debe ser suficiente para superar las posiciones enfrentadas entre las comunidades autónomas y de éstas con el Estado.
De ahí, ha remarcado la vicepresidenta primera, que sea prioritario definir qué servicios fundamentales se quieren prestar a los ciudadanos y, a partir de ahí, establecer los recursos necesarios para financiar la sanidad, la educación, la dependencia o las inversiones productivas que hagan crecer la economía y creen empleo de calidad.
Por eso es tan importante, ha señalado, vincular el debate sobre el sistema de financiación al de la reforma fiscal, ya que el diseño del sistema tributario determina la capacidad de financiación de las autonomías para desarrollar las políticas de su competencia.
El nuevo modelo, ha proseguido la titular de Hacienda, debe valorar adecuadamente lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada comunidad autónoma -para lo que es imprescindible tener en cuenta factores como la despoblación, la dispersión, el empleo o la falta de infraestructuras- y aportar recursos adicionales que les permitan ejercer cabalmente sus competencias.
Respecto a la necesidad de que la reforma de los sistemas de financiación autonómica y tributario se aborden de forma conjunta, Blanco-Morales ha señalado que Extremadura destina más del 70% del gasto total a la financiación de los servicios públicos fundamentales -cuyos costes, además, se han disparado con la crisis sanitaria-, lo que significa que la Comunidad devuelve a los ciudadanos su esfuerzo fiscal, basado en la aplicación de los principios de progresividad fiscal y capacidad económica.
La Comunidad extremeña defiende la armonización fiscal como vertebradora de la Hacienda Pública y con base en el principio de solidaridad consagrado por el Tribunal Constitucional. Para la consejera de Hacienda, el debate no debe reducirse a la subida o bajada de impuestos, sino plantear qué
tipos de impuestos deben integrar la Hacienda española y cómo se articulan las distintas figuras para, posteriormente, abordar el nivel de imposición.
Por último, la titular de Hacienda ha recordado que la Comunidad extremeña ha ejercido su capacidad normativa, con impuestos como el de los depósitos bancarios o de las instalaciones que inciden en el medio ambiente –la ecotasa-, y tramita la adopción de incentivos fiscales para combatir el reto demográfico, con deducciones para la adquisición de viviendas e implantación de negocios en zonas rurales.
