La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) se congratula y apoya la decisión incluida en los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz y anunciada por su presidente, Miguel Ángel Gallardo, de que los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica no podrán acceder a subvenciones directas de la institución provincial.
En nota de prensa, Armhex ha manifestado su apoyo a la propuesta anunciada por el presidente de la diputación en la presentación de los presupuestos provinciales del próximo año en el sentido de que no se concederán ayudas directas por parte de dicha institución a los municipios que "actualmente no cumplan con los mandatos y preceptos de la citada ley".
En su opinión, el artículo 15.1º de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica "señala muy claramente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura" y entre estas medidas "podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".
RESPALDO LEGAL
"Por lo tanto la decisión anunciada tiene pleno respaldo legal", ha sostenido la asociación, que ha recordado que la ley es expresión de la voluntad popular aprobada por los representantes legalmente elegidos en los correspondientes órganos legislativos y que "de ahí deriva el sometimiento a sus dictados de los artículos 9.1 y 103.1 de la propia Constitución Española, tanto de los particulares como, especialmente, de la administración, incluida la local".
De igual modo, ha agregado que la obligación de cumplir las leyes es "connatural" a un estado de derecho y si una norma con rango y forma de ley, como en este caso la de la Memoria Histórica, "impone una determinada conducta, retirada de símbolos y menciones, que debe llevarse a cabo sin más".
"Nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no le corresponde a los ayuntamientos que aún se resisten a la retirada de la simbología o menciones franquistas, ponderar su cumplimiento, sino cumplirla lisa y llanamente, de tal manera que si una norma impone retirar determinados símbolos o menciones, ha de llevarse a cabo tal mandato", ha defendido Arhmex.
Además, ha agregado, "lo que no puede hacerse es que aún hoy a casi nueve años de la entrada en vigor de Ley 52/2007, haya aún ayuntamientos que resistan alegremente al cumplimiento de una ley aprobada por el parlamento, la Ley de la Memoria Histórica, les guste más o menos".
VILLAFRANCO Y GUADIANA DEL CAUDILLO
De este modo, ha insistido que el cumplimiento de la Ley es "obligatorio" tanto para ciudadanos como para las administraciones, "y no caben excepciones en este sentido, por mucho de que algunos alcaldes se empeñen en mantener simbología y meciones franquistas en sus municipios".
"Con mayor razón en el caso de Villafranco y Guadiana del Caudillo, que por su proximidad a la ciudad de Badajoz, donde se produjeron las grandes matanzas en agosto de 1936, muchos familiares de aquellas víctimas se sienten ofendidas por la conservación del nombre del dictador en la toponimia de esos pueblos", ha espetado la asociación.
Del mismo modo, ha solicitado a la Diputación de Cáceres y a la Junta de Extremadura que hagan "extensible" y trasladen esta medida a sus respectivos presupuestos, y que "como se comprometió" el Ejecutivo regional "que la medida igualmente se trasponga a los acuerdos derivados de la Subcomisión mixta" entre la Junta y la Iglesia católica, para subvenciones de restauración de templos, "con respecto a los símbolos antidemocráticos que aún se exhiben en algunas fachadas de algunas de Extremadura".
