El Ayuntamiento de Cáceres ha enviado dos informes técnicos a la Junta de Extremadura con las alegaciones que la Administración local presenta al proyecto minero denominado El Trasquilón, que afecta al término municipal y del que se ha solicitado un permiso de investigación.
El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, ha explicado este jueves que los servicios técnicos municipales de Infraestructuras y Urbanismo han enviado dos informes en los que se apunta que los trabajos que se llevarían a cabo para los sondeos del terreno serían en zona ZEPA de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.
El servicio de Infraestructuras alega en su escrito, que cuenta con once puntos, que las medidas propuestas en el plan de restauración son adecuadas a los trabajos de investigación realizados y añade que los ensayos serían inocuos para el medio natural y no suponen afección.
En el segundo de los informes, desde el área de Urbanismo se recuerda que los trabajos de investigación pueden suponer la apertura de nuevos caminos y la instalación de casetas prefabricadas para realizar los trabajos, lo cual requiere de autorizaciones previas.
ESTUDIO DE DELIMITACIÓN DE TRAMOS URBANOS
La Junta de Gobierno local, que se ha celebrado un día antes de lo habitual por ser mañana viernes festivo en la capital cacereña, también ha conocido la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un informe de Demarcación de Carreteras en Extremadura, por el cual se aprueba provisionalmente y se somete a información pública durante 30 días el Estudio de Delimitación de Tramos Urbanos (EDTU) del término municipal de Cáceres.
De esta forma, se determina que el término municipal de Cáceres está afectado por las carreteras convencionales N-630 y N-521 y las autovías A-66 y A-58. En este caso, el estudio solo afecta a las dos carreteras convencionales, es decir, las nacionales 630 y 521.
En este documento quedan perfectamente perfilados los tramos considerados urbanos, los tramos considerados travesías, se fija la línea límite de edificación y las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las citadas carreteras en cada tramo.
Este documento define las competencias en virtud de las cuales el Ministerio de Fomento es responsable de la conservación y mantenimiento de la carretera y cuales son las competencias municipales.
