El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha trasladado a la Fiscalía toda la información recabada con respecto al contrato de gestión de los apartamentos universitarios en el campus, para que se dirima si procede la apertura de una investigación por las "supuestas irregularidades muy graves" que afectan a la empresa concesionaria del servicio.
Los socialistas recuerdan que hace ya un año iniciaron las actuaciones necesarias para recabar la información que confirmara dichas irregularidades "y como resultado de este trabajo" se ha obtenido documentación y testimonios "que hacen prever la certeza de los hechos investigados".
Ante esta situación, el PSOE lo puso en conocimiento del equipo de Gobierno local "en reiteradas ocasiones", y pidieron que "éste cumpliera con su obligación de seguimiento y control sobre esta concesión pública", recuerda el grupo municipal en nota de prensa.
"Un año después nos encontramos que la actitud de la alcaldesa ante este caso ha sido de inactividad" ya que, según certifica expresamente la Jefa de la Sección de Contratación, tras una consulta realizada por el PSOE, se responde que "en este caso no se ha iniciado expediente alguno".
Los concejales socialistas critican, además, que se ha venido prorrogando anualmente el contrato a la empresa concesionaria "sin solicitar la documentación exigida para ello, a pesar de que la propia alcaldesa, había manifestado lo contrario", recoge la nota.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista dio traslado a la Fiscalía en el día de ayer de toda la información recabada con respecto a dicho contrato, para que ésta, dentro del ámbito de sus competencias, decida si procede el inicio de la investigación pertinente que pudiera determinar las actuaciones a realizar para "depurar responsabilidades, en su caso".
Asimismo, se reitera la preocupación de los socialistas "por garantizar el buen uso del dinero público, el mejor servicio a la ciudadanía de Cáceres y la transparencia y concurrencia en las concesiones públicas", concluye la nota.
"ASUNTO TURBIO"
Cabe recordar, como ya se informó hace unos quince días, que el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, calificó de "asunto turbio" y "feo" la gestión de los apartamentos del campus universitario y pidió explicaciones al Gobierno local de cuál es la situación de la empresa concesionaria, AdomiSacor, a la que se le ha prorrogado el contrato a pesar de haber detectado "irregularidades", como deudas e incumplimientos en el mantenimiento de las instalaciones, entre otros.
Al respecto, se ha sabido también que la Universidad de Extremadura (Uex), en virtud del convenio de colaboración para la construcción y la puesta a disposición de los apartamentos para estudiantes universitarios, ha reclamado al ayuntamiento, por vía judicial, 143.017 euros por gastos de consumo eléctrico.
Según el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la universidad extremeña se atiene a la cláusula octava del convenio por la cual el ayuntamiento se compromete, a través de un organismo de gestión, a administrar la conservación y el funcionamiento de los apartamentos.
Desde 2008, la Uex ha soportado el pago del consumo eléctrico y el importe asciende a la cantidad que reclama, ya que ese gasto de luz sí se ha cobrado a los usuarios por parte de la empresa "sin justificar las cantidades y sin darles ningún tipo de información".
Además, según ha explicó en su día la concejala socialista Belén Fernández, la empresa adeuda al ayuntamiento 6.290 euros, una cantidad que ya se le ha reclamado. A pesar de ello, se le ha vuelto a prorrogar el contrato hasta final de curso, por lo que la empresa lleva ya 10 años gestionando los apartamentos universitarios desde que se le adjudicó su explotación en enero de 2007.
La empresa que gestiona estos apartamentos está administrada por Juan Saponi, hermano del que fuera alcalde de la ciudad, José María Saponi, cuando se adjudicó la gestión, que se hizo por procedimiento negociado y solo concurrió la citada empresa que debía encargarse de la gestión por cinco años con posibilidad de prórrogas anuales hasta un total de diez, como así ha sido.
Por toda esta concatenación de hechos, el PSOE pidió hace meses al consistorio cacereño que se abriera un expediente para informar de la situación de la empresa y la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, explicó en una comisión que ya se había abierto, algo que, no se ha producido todavía, por lo que piden que se depuren responsabilidades ante los reiterados incumplimientos de la empresa.
